Declaraciones responsables y comunicaciones previas: riesgos jurídicos en obras y actividades

La simplificación administrativa ha transformado profundamente la forma en que ciudadanos y empresas pueden iniciar determinadas obras o actividades. En los últimos años, muchas actuaciones que anteriormente requerían una licencia administrativa previa han pasado a poder iniciarse mediante una declaración responsable o una comunicación previa, con el objetivo de agilizar los procedimientos y reducir cargas burocráticas. Sin embargo, esta simplificación no implica una reducción de las exigencias legales. Al contrario, desplaza la responsabilidad del control previo hacia un control posterior por parte de la Administración. Esto significa que quien presenta una declaración responsable o una comunicación previa asume la obligación de cumplir íntegramente con la normativa aplicable desde el primer momento. En este artículo analizamos qué diferencias existen entre ambas figuras, cuáles son los principales riesgos jurídicos y por qué resulta recomendable realizar un análisis previo antes de iniciar cualquier obra o actividad.

Qué son la declaración responsable y la comunicación previa

La declaración responsable y la comunicación previa están reguladas con carácter general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien su aplicación concreta depende de la normativa sectorial y, en materia urbanística, de la legislación autonómica y de las ordenanzas municipales. La declaración responsable consiste en un documento mediante el cual el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa para ejercer un derecho o iniciar una actividad, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener ese cumplimiento mientras desarrolle la actuación. La comunicación previa, por su parte, tiene una finalidad informativa. Permite poner en conocimiento de la Administración el inicio de una determinada actuación cuando así lo prevé la normativa, sin necesidad de que exista una autorización administrativa previa. Aunque ambas figuras comparten el objetivo de agilizar los procedimientos, sus efectos y requisitos no siempre son idénticos.

No sustituyen el cumplimiento de la normativa

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que la presentación de una declaración responsable equivale a una autorización administrativa. No es así. La Administración no comprueba previamente que el proyecto sea legal. Es el propio interesado quien afirma que cumple todos los requisitos exigidos por la normativa urbanística, ambiental, sectorial o de seguridad. Por ello, si posteriormente se comprueba que la actuación incumple alguna de esas exigencias, la Administración podrá adoptar las medidas oportunas, incluso aunque la declaración responsable hubiera sido presentada correctamente desde un punto de vista formal.

El control administrativo pasa a ser posterior

La utilización de declaraciones responsables no elimina el control administrativo. Simplemente modifica el momento en el que dicho control se produce. La Administración conserva plenamente sus facultades de inspección y comprobación, pudiendo verificar en cualquier momento:
  • la adecuación de las obras o de la actividad a la normativa vigente
  • la veracidad de los datos declarados
  • la existencia de la documentación exigible
  • el cumplimiento de las condiciones técnicas y urbanísticas
Si se detectan incumplimientos, podrán adoptarse medidas administrativas que pueden tener importantes consecuencias para el interesado.

Principales riesgos jurídicos

La presentación incorrecta de una declaración responsable o de una comunicación previa puede dar lugar a diferentes consecuencias jurídicas. Entre ellas destacan:
  • la suspensión inmediata de las obras o de la actividad
  • la imposibilidad de continuar con la actuación
  • la obligación de restituir la legalidad urbanística
  • la imposición de sanciones administrativas
  • la exigencia de responsabilidades por falsedad o inexactitud en la documentación presentada
En determinados supuestos, además, la Administración puede declarar la ineficacia de la declaración responsable desde su origen, dejando sin efecto la actuación realizada.

Especial importancia en materia urbanística

En el ámbito urbanístico, la utilización de declaraciones responsables ha aumentado considerablemente en los últimos años. Muchas actuaciones de escasa entidad pueden iniciarse mediante este procedimiento, siempre que así lo permita la normativa autonómica o la correspondiente ordenanza municipal. No obstante, resulta imprescindible comprobar previamente qué actuaciones pueden acogerse realmente a este régimen y cuáles siguen requiriendo licencia urbanística. Iniciar una obra mediante declaración responsable cuando la normativa exige licencia puede dar lugar a importantes consecuencias jurídicas.

La documentación técnica sigue siendo esencial

Aunque no exista una licencia previa, ello no significa que desaparezca la obligación de contar con la documentación técnica necesaria. Dependiendo del tipo de actuación, puede ser necesario disponer de:
  • proyectos técnicos
  • memorias descriptivas
  • certificados de técnicos competentes
  • estudios de seguridad
  • documentación ambiental
  • informes sectoriales
La documentación debe existir desde el momento de la presentación de la declaración responsable, aunque la Administración no la solicite inicialmente.

La responsabilidad recae sobre el promotor

La principal diferencia respecto al sistema tradicional de licencias es que el control previo desaparece, pero aumenta la responsabilidad del interesado. Quien presenta una declaración responsable asume expresamente que:
  • cumple todos los requisitos legales
  • dispone de la documentación necesaria
  • la actuación es conforme con la normativa aplicable
Si posteriormente se demuestra lo contrario, las consecuencias recaerán directamente sobre quien formuló la declaración. Por ello, resulta especialmente recomendable realizar una revisión jurídica y técnica previa antes de iniciar cualquier actuación.

Cada Ayuntamiento puede establecer particularidades

Otro aspecto importante es que muchas de las actuaciones sujetas a declaración responsable se regulan mediante ordenanzas municipales. Esto significa que el régimen aplicable puede variar de un municipio a otro. Las diferencias pueden afectar, entre otras cuestiones, a:
  • la documentación exigible
  • los modelos normalizados
  • las actuaciones sometidas a declaración responsable
  • los plazos
  • las facultades de comprobación
Por ello, no resulta aconsejable asumir que el procedimiento será idéntico en todos los municipios.

Prevención frente a conflictos futuros

Una adecuada planificación jurídica antes de iniciar una obra o una actividad permite reducir significativamente el riesgo de futuros conflictos con la Administración. En muchas ocasiones, una revisión previa del proyecto permite detectar aspectos que podrían impedir la utilización de una declaración responsable o exigir la obtención de una licencia urbanística. Corregir estas cuestiones antes del inicio de las obras suele resultar mucho más sencillo y económico que afrontar posteriormente un procedimiento sancionador o de restauración de la legalidad.

Conclusión

Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas constituyen instrumentos eficaces para agilizar la tramitación de determinadas obras y actividades, pero no reducen las obligaciones legales de los promotores ni sustituyen el cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial. El control administrativo sigue existiendo, aunque se produzca con posterioridad al inicio de la actuación. Por ello, antes de presentar una declaración responsable conviene comprobar que la actuación puede acogerse realmente a este régimen, que cumple con toda la normativa aplicable y que se dispone de la documentación técnica necesaria. En materia urbanística, la rapidez nunca debe sustituir a la seguridad jurídica. Un adecuado asesoramiento previo continúa siendo la mejor garantía para evitar sanciones, paralizaciones de obras o conflictos con la Administración.